El político escribano

Ante la pregunta sobre si el desconocimiento de una ley supone estar exento de su cumplimiento la respuesta es clara: no. Pero cuando en España se publica entre los Boletines Oficiales del Estado y de las CC.AA. más de UN MILLÓN de páginas AL AÑO (link), la respuesta no es tan inmediata.

Es tal la cantidad de leyes, reglamentos, normas y demás añadidos (nombramientos, subvenciones, resoluciones, etc.) que realmente se vuelve inabarcable para el ciudadano. Repito, más de un millón de páginas y al año, son mil ‘El Señor de Los Anillos’ publicados anualmente. Aunque la parte normativa sea el 10% del total (o menos, me da igual), salen 100.000 páginas al año. En este país leer está por comprobarse, escribir está ampliamente demostrado.

Los motivos de semejante orgía legislativa provienen de la “cultura empresarial” instalada en los partidos políticos de este país (desconozco el resto de países, pero dudo que tengan estas características). Esta cultura tiene como puntos fuertes:

  • Antagonismo extremo entre partidos. Todo lo que haga el partido A está mal según el partido B y viceversa. Parte de la legislatura de un nuevo gobierno consiste en retocar o retirar leyes aprobadas por el anterior ejecutivo, pudiendo ser cosas tan “nimias” como el aborto (link) o asuntos de mayor trascendencia, como las reformas laborales/educativas, donde la palabra “pacto de Estado” entre todas las fuerzas políticas está dentro de la ficción más inverosímil.
  • Ansia legislativa al llegar al poder. Por cómo están configurados los partidos políticos, es necesario hacer “carrera” dentro del partido durante muchos años para poder llegar a un puesto de relevancia (destacar que es imposible llegar por el talento que uno tenga como no haya estado en el partido el último lustro – por decir una ventana temporal). Pocas excepciones hay (De Guindos o Gabilondo, del anterior gobierno) y su número es siempre reducido porque molesta a los militantes de todas la vida (link). Además, un externo a un partido, por muy competente que sea, queda “adherido” a ese partido y si hay cambio de gobiernos nunca se contará con él, por muy capaz que sea (¿se imaginan en España un gobierno como el alemán donde hay ministros del partido de la oposición? – link). En consecuencia, una vez llegado al poder, el momento soñado desde hace tanto tiempo, hay que aprovechar el tiempo y de qué mejor manera que liberando todo el ímpetu legislativo.
  • Justificación, en algunos casos, de los cargos que se ejercen. Claro ejemplo del anterior Ministerio de la Vivienda y su aportación al saco de leyes y reglamentos con el Código Técnico de Edificación o diversas leyes municipales variopintas (link) (link) para que se haga notar que los ayuntamientos también saben escribir.

¿Y sobre qué se legisla? Sobre todo y sobre nada. Se intenta regular absolutamente todo pero con una vagueza y con tantos recovecos en las leyes (lo complejo suele ser habitual despreciando la sencillez) que éstas expresan más la voluntad del político de turno que una necesidad objetiva de la sociedad, amén de la imperante dualidad ley-trampa. Es como si de reglas de fútbol se tratasen, que se dejan a la libre interpretación del árbitro del encuentro si se aplica o no la norma ante una determinada situación y en qué medida (¿saco amarilla, roja o dejo ventaja?).

Un clarísimo ejemplo de vagueza es la infame Ley Sinde, donde se introduce el término “lucro indirecto”, nunca antes utilizado y cuyo significado plantea muchas cuestiones, principalmente qué es el lucro indirecto (link). Una puerta abierta a que se aplique la ley prácticamente al libre albedrío aduciendo esta causa.

Mientras, la dualidad ley-trampa es el pan nuestro de cada día:

  • Carné por puntos y el programa de cursos de recuperación de puntos. Da igual que seas un peligro para el resto de usuarios de la vía, si tienes dinero tienes puntos (link).
  • Leyes sobre malversación de fondos y similares, donde la pena o fianza es de un máximo de X euros, que se relee como “Te sale rentable ser corrupto cuando la pasta que te lleves sea superior a X euros, que es cuando pagarás la pena/fianza con lo trincado”. Es decir, es un listón a partir del cual tienes que aceptar los chanchullos.
  • La última ley de limitar los pagos en efectivo hasta 2.500€ bajo sanción de un 25% de lo pagado. Teniendo en cuenta que por lo legal va a ser 18% de IVA más el impuesto sobre sociedades que tenga que aplicarse, es cuestión de cogerse la calculadora y ver qué compensa más, si saltarse la ley con el peligro de pagar un 25% o ser legal. Los inspectores de hacienda apuestan por la opción ilegal (link)
  • La actual ley del aborto, en la que un motivo para que sea considerado legal es que exista riesgo de daño psicológico para la madre, lo que supone una evaluación por parte de un tercero para que interprete si existe o no (algo que, a mi juicio, no entra dentro de lo que serían datos puramente objetivos). Habrá casos de libro, pero con los casos dudosos, ¿qué ocurre? (link)

¿Qué hacemos con este tsunami legislativo de paupérrima calidad?

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